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Argentina: Pueblos originarios debatieron contrapropuesta al gobierno
Prensa Indígena.- La iniciativa del gobierno y los planteamientos recogidos en este encuentro comenzarán a ser consensuados en marzo. Consejeros indígenas de la región dieron a conocer a sus representados, la contrapropuesta realizada al gobierno tras la presentación del Ejecutivo hace seis meses (agosto de 2012), sobre el sistema mediante el cual los pueblos originarios debieran ser consultados con respecto a los temas que los afecten.
La convocatoria, que tuvo buena asistencia, fue realizada por la consejera mapuche-huilliche, Sonia Linco, y Juan González, del pueblo kawésqar. La normativa busca regular la consulta y participación establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual deberá ser consensuada con el gobierno en una mesa de acuerdo que comenzará a trabajar a partir de marzo.
Sonia Linco recordó que el pasado 23 de enero hasta las dependencias de la OIT en Santiago llegaron representantes indígenas de los pueblos mapuche, kawésqar, mapuche-huilliche de Punta Arenas, collas, aimaras, likan antay e indígenas urbanos de la Región Metropolitana.
Dijo que éstos, a través de su portavoz y consejero de la Conadi, Marcial Colín, entregaron el texto definitivo de la contrapropuesta a la subsecretaria de Servicios Sociales, Loreto Seguel. Además, en la actividad estuvo presente el director de la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur, Guillermo Miranda.
La contrapropuesta entregada, junto a otras que el gobierno podría recibir en las próximas semanas, serán contrastadas con la iniciativa del Ejecutivo, para dar paso a la fase final a través de una mesa de acuerdo que buscará consensuar la normativa final que considere ambas posiciones, derogando el Decreto Supremo 124 para así establecer un mecanismo de consulta que sea validado por todos los actores.
El Decreto 124 de Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Chile, es considerado un reglamento arbitrario que transgrede al Convenio 169, y desconoce los estándares internacionales del deber de consultar a los pueblos indígenas.
Educación y alimentación.- La consejera expresó que la entrega de la contrapropuesta es el resultado de un proceso trascendente, el cual les dará la posibilidad de unirse y debatir sobre aspectos como la educación, y alimentación.
Agregó que para el gobierno el mecanismo de consulta es pieza fundamental para avanzar en reformas como el reconocimiento constitucional y la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, las cuales deben ser consultadas.
El 8 de agosto de 2012 el gobierno entregó a todos los pueblos indígenas del país una propuesta de nueva normativa de consulta para ser discutida, proceso que se ha llevado a cabo con más de 80 reuniones a lo largo del territorio nacional.
Este proceso, que ha sido inédito para nuestro país y los pueblos indígenas, vivió un momento trascendental el pasado 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, cuando 250 representantes indígenas de todas las regiones y pueblos originarios del país se reunieron en un gran congreso indígena en Santiago.
Los asistentes a este gran encuentro nacional lo han calificado como un hito, puesto que desde principios de los 90 que todos los pueblos indígenas no se juntaban para discutir temáticas que los afectan.
Dentro de las diferencias existentes entre lo presentado por los pueblos originarios y la propuesta del gobierno, las más importantes serían que los pueblos estarían solicitando la creación de un fondo monetario al cual tuviesen acceso para encargar estudios técnicos que los apoyen en los procesos de consulta que se puedan originar, con el fin de realizar un contrapeso a los recursos con los que cuentan los ministerios, empresas y otras instituciones.
Dentro de la propuesta del gobierno, este énfasis no estaba desarrollado de forma explícita, por lo que será un punto a observar. Se pediría, entonces, mayor claridad respecto del “sujeto de consulta”, es decir, sobre quiénes son las personas que deben verse involucradas en el proceso.
La Moneda planteó que fuese el Ejecutivo, pero la iniciativa de los representantes incluiría a municipios, Banco Central y al Congreso (al momento de impulsar alguna ley).

