NOTICIAS INTERNACIONALES

10.nov.2011

Chile: Pascua Lama en el banquillo

(Prensa indígena).- Graves acusaciones de las comunidades diaguitas del Valle del Huasco, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, contra la trasnacional Barrick Gold, por el desastre ambiental del proyecto Pascua Lama, que se encuentra en proceso de construcción y cuenta con la complicidad de las autoridades gubernamentales, que ahora han cuestionado el reconocimiento legal que el mismo Estado le otorgó a las comunidades diaguitas el año 2006.
 
Al interior del Valle del Huasco, en plena cordillera de Los Andes, en la zona fronteriza con Argentina, la empresa minera canadiense Barrick Gold, continúa la construcción de la infraestructura del yacimiento de Pascua Lama,

que ya está causando un grave deterioro en el medio ambiente de la región, lo que se acrecentará en el futuro, con la desaparición de los glaciares milenarios.
 
Se repite así la famosa maldición de Malinche, que resumiera en una famosa canción, la cantante y maestra de escuela mexicana Amparo Ochoa, en unos versos que suenan a sangre:
 
En este caso, no se trata de una metáfora. A cambio de un centenar de puestos de trabajo, el soborno descarado de centenares de familias que habitan en el valle y un pretendido progreso comercial para la zona, la empresa Barrick Gold se apresta para llevarse cientos de miles de toneladas de oro y embolsarse miles de millones de dólares, hasta dejar vacías las montañas y derretidos los glaciares, tal como sucedió en las décadas del cincuenta y del sesenta con el mineral El Indio, al interior de La Serena.
 
Ahora, representantes de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos entregarán antecedentes que comprueban el desastre ambiental que provoca la explotación de recursos y el impacto negativo que ha tenido sobre la forma de vida de la comunidad indígena, que además reclama vulneración al territorio ancestral
 
La minera canadiense Barrick Gold está en fase de construcción del proyecto Pascua Lama, que se emplaza en la comuna de Huasco, en el límike con Argentina, y que afecta, tanto a la cuenca del río que abastece de agua para consumo y riego a todo el sector; como a la composición social y a las relaciones entre lo habitantes del lugar.
 
»»El gobierno se suma a la trasnacional.- Ante la presentación de denuncias y antecedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió la solicitud de las organizaciones y les cedió un espacio para que expliquen su postura, en el nuevo período de sesiones que se está realizando en el edificio de la Organización de Estado Americanos (OEA).
 
Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, junto a la asesoría legal de Nancy Yáñez, codirectora del Observatorio Ciudadano, presentaron los antecedentes que demuestran que se ha vulnerado derechos fundamentales suscritos en la Convención Americana, como lo señala la abogada:
 
“Son derechos que no sólo están establecidos en este cuerpo legal sino que a la vez están en la Ley Indígena, en la de Bases del Medio Ambiente y también en el Convenio 169. De esta manera, lo que hemos puesto en discusión es que el Estado ha vulnerado derechos fundamentales de la comunidad, que están reconocidos en la legislación chilena”.
 
Nancy Yáñez también señaló que el gobierno negará el daño territorial, relevando la importancia para el desarrollo del país de la empresa minera, como también ha negado la pertenencia territorial y cultural de las comunidades diaguitas del sector:
 
“Estamos observando una actitud irresponsable de parte del Estado, porque efectivamente hay una argumentación que lo único que busca es asegurar que se ejecute ese proyecto, sin ponderar el bien común que es la obligación del Estado, mucho menos el interés público”.
 
Peor aún, el gobierno ha cuestionado el reconocimiento legal que realizó el mismo Estado chileno el 2006 a la comunidad diaguita, cuya presencia abarca 380 mil hectáreas en la comuna de Huasco. Para Sergio Campusano, presidente de la organización denunciante, el Ejecutivo, al no reconocer la propiedad de la comunidad sobre el sector, pone en riesgo toda una cultura que siempre vivió sobre la base de la autogestión y que es muy frágil por su composición basada en un mismo tronco familiar.
 
El dirigente acusa “Hay de todo: dinero, camionetas, capacitaciones, viajes. Ellos nos tienen bien estudiados y saben cuáles son las necesidades de las personas que viven en Huasco Alto y juegan con nuestras necesidades básicas. Ellos ofrecen a través de consultoras expertas en manejo de las relaciones humanas y acuden a líderes o a familias completas”.
 
Campusano sostuvo además que la empresa Barrick ha desarrollado toda una campaña mundial y nacional que muestra a su comunidad de un modo folclórico, además de una intervención local que promueve la división en la comunidad y el traslado de las personas a la ciudad para facilitar la implementación del yacimiento. El representante de los diaguitas denuncia: “Parece que los que estamos demás somos los seres humanos.
 
Hay personas que han dejado sus trabajos en las parcelas y están viviendo de los subsidios que da la municipalidad. La gente está toda subsidiada, entonces para qué van a trabajar. Muchos han pensado en vender sus predios para irse a vivir a La Serena, Copiapó o Vallenar porque hay mejor calidad y aquí no hay nada más que hacer. Esperamos que se haga justicia, porque si no pudimos en Chile, que una corte internacional que sea parte de esto.
 
No nos vamos a quedar tranquilos, vamos a seguir denunciando lo que está pasando en Huasco Alto”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya acogió dos presentaciones de organizaciones chilenas. Además del informe respecto al impacto negativo del Proyecto Pascua Lama, el Instituto Igualdad entregará los antecedentes sobre la violencia policial ejercida durante los últimos meses de protestas en el país.
 
Estas acciones, que representan a las distintas organizaciones nacionales, llegarán con sus denuncias hasta Washington, en la OEA, ya que no queda otro camino que internacionalizar los conflictos sociales ante la negativa del gobierno a dar solución a las demandas sociales, como ha quedado fehacientemente demostrado.

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